martes, 27 de junio de 2017

Corte ordena devolver bienes a los Pinochet

Corte revoca fallo en el caso Riggs
También absolvió a seis oficiales del Ejército

Corte revoca fallo en el caso Riggs y ordena devolución de dinero y bienes a la familia Pinochet

  21 junio, 2017
Corte revoca fallo en el caso Riggs y ordena devolución de dinero y bienes a la familia Pinochet
La sentencia del tribunal de alzada establece que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos, desde 1981 hasta 2004, por lo que debe operar la prescripción de la acción penal.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia absolutoria en favor de seis oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos, en el denominado caso Riggs. al tiempo que ordenó la devolucion de los dineros y bienes decomisados a la familia del fallecido ex dictador Augusto Pinochet.
Lo anterior en un fallo dividido de la Tercera Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros María Soledad Melo -a quien pertenece el voto disidente-, Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos.
La sentencia revoca el fallo dictado por el ministro en visita Manuel Antonio Valderrama, que había condenado a los oficiales que prestaron funciones en la Casa Militar: Jorge Ballerino Sanford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Sergio Moreno Saravia, Juan Mac Lean Vergara y Eduardo Castillo Cádiz.
La sentencia del tribunal de alzada establece que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos, desde 1981 hasta 2004, por lo que debe operar la prescripción de la acción penal.
"Cabe señalar a modo de conclusión que por las razones expuestas en los motivos Octavo a Undécimo resulta jurídicamente improcedente calificar los hechos atribuidos a los acusados Ballerino Sandford, Castro Ivanovic, Moreno Saravia, Vergara Cifuentes, Mac-Lean Vergara y Castillo Cádiz como constitutivos de un delito continuado, sino que debe considerarse que cada uno de ellos es autor del o los hechos específicos que se les atribuye y en el peor de los escenarios, en rigor, en coautoría (mediata) con Pinochet Ugarte", dice el dictamen.
Y agrega que "por lo anterior, la acción penal emanada de los hechos que pudieren estimarse configuran el delito de malversación de caudales públicos y que se atribuyen a los tres primeros nombrados (...) se encuentra prescrita, pues Ballerino Sandford, Castro Ivanovic y Moreno Saravia sólo toman parte en la ejecución de los mismos de manera inmediata y directa hasta 1984, 1985 y 1991 respectivamente, en circunstancias que la prescripción de la acción se suspende recién el 1 de octubre de 2004", sostiene el fallo del tribunal de alzada".
Respecto de la devolución de bienes incautados a los herederos de Augusto Pinochet, es decir sus hijos y su viuda, Lucía Hiriart, el fallo determina que no es posible mantener dicha retención por encontrarse fallecido el responsable de un eventual delito de malversación.
"No es posible soslayar que en un Estado de Derecho existen determinados principios que reglamentan la imposición de las penas y, en lo que dice relación a la de comiso, debe necesariamente considerarse que según expresa el artículo 19 N 7 letra g) de la Constitución Política de la República: 'La Constitución asegura a todas las personas:… 7°.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia: … g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas".
Sobre el punto, el fallo agrega: "Luego, la exégesis sistemática del artículo 31 del Código Penal, a la luz de la disposición constitucional antes transcrita, determina necesariamente concluir que aún en el evento de que se rehuyera la alegación que sostiene la imposibilidad de imponer una pena accesoria cuando ella no accede a ninguna otra de carácter principal, como en efecto acontece en este caso, sosteniendo la naturaleza complementaria e, incluso, independiente del comiso -afirmación esta última que no tiene reconocimiento jurisprudencial ni doctrinal alguno-, lo cierto es que dicha pena sólo puede disponerse contra un inculpado declarado legalmente culpable y condenado por juez competente. La legislación internacional sobre la materia que podría sostenerse va en sentido inverso al indicado, además de posterior y por tanto inaplicable por expresa disposición constitucional, se construye sobre la base de ciertos supuestos de hecho de procedencia enteramente distintos a los del presente proceso".
"Por otra parte –continúa–, no es posible jurídicamente decretar en la sentencia el comiso después de la muerte del presunto culpable, pues ello, en principio y sin perjuicio de las presiones que más adelante se efectuarán, importaría disponer una pena en contra de sus herederos. En este sentido, como bien se sabe, las penas deben ser personales, es decir, deben recaer sobre el directamente responsable y nada más que sobre él, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicio de terceros.

lunes, 28 de julio de 2014

PRENSA PUBLICA LOS DELITOS

 CAMBIO21

Las millonarias estafas y delitos que realizaron generales y coroneles del Ejército para enriquecer a Pinochet

28/07/2014 | Por Verónica Romero
El abogado querellante contra el enriquecimiento ilicito contra Pinochet explicó a Cambio21 que los acusados son los que quedaron de un grupo de más de veinte personas que fueron investigadas por las cuentas secretas de Pinochet y que los dineros no se han podido recuperar, aunque sí hay bienes raíces que se podrían recuperar para el Fisco.
Seis oficiales en retiro, que se desempeñaron como secretarios generales del Ejército o secretarios privados de Augusto Pinochet, fueron acusados por estafa y malversación de fondos públicos, con los que Pinochet juntó una fortuna de 27 millones de dólares en cuentas secretas, especialmente en el Banco Riggs de Estados Unidos.
Por lo anterior, el ministro de la causa, Manuel Valderrama, procesó a los generales retirados Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, además de los coroneles(r) Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan McLean. El juez declaró que "el delito de malversación de caudales públicos se caracteriza porque no se le da el fin determinado por la ley a los fondos que se reciben del erario nacional y se destinan a otro efecto que no sean los fines públicos, los cuales están asignados y si hay gasto reservado con certificado de buena inversión", a lo que agregó que "en esta etapa procesal se les acusa por no haber destinado los fondos a los usos que son pertinentes".
El caso Riggs, nombre con que se conoce al proceso judicial que se siguió contra Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos, comenzó cuando se descubrió que el fallecido dictador mantuvo cuentas secretas en el Riggs Bank.
Cabe recordar que todo comenzó a conocerse cuando una investigación que realizó el senado norteamericano sobre financiación del terrorismo internacional, reveló que Pinochet mantenía alrededor de 125 cuentas que sumaban US$27 millones y que varias de ellas fueron abiertas después de que el ministro Baltazar Garzón congelara sus fondos internacionales.
Alfonso Insunza, abogado querellante en el caso, en entrevista con Cambio21 comentó que "este proceso lleva 10 años y en 2007 el ministro Carlos Cerda procesó a veinte personas, entre ellos a toda la familia de Pinochet y de ellos quedaron estos seis acusados que fueron los secretarios de Pinochet que lo ayudaron a ocultar el dinero en cuentas corrientes en el extranjero".
Sobre esto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en conversación con Cambio21 expresó que "lo sorprendente de esto es que hay seis uniformados, que sin duda es importante que se les haya procesado por el caso Riggs y finalmente aquí se acceda a entender que aquí ocurrió un ilícito de enriquecimiento" y agregó que "sin duda, al fin hay un proceso en que está involucrado el dictador y donde hay condenados y sujetos a los que se les responsabiliza".
Sobre qué pasó finalmente con el dinero de las cuentas de Pinochet, Insunza declaró que "no se pudo determinar el destino final de todas esas platas; lo que sí es que hay bienes raíces que están embargados, pero el fisco está accionado civilmente contra la familia para lograr recuperar esas propiedades. En todo caso, hay una suerte de impunidad en esto, para qué andamos con cosas, ya que la Corte Suprema acogió el amparo a favor de ellos (la familia) aduciendo que el delito lo cometían los empleados públicos y ellos no lo eran".
Respecto de esto, Lorena Pizarro dijo que "el problema es qué pasa con la familia Pinochet, que es aquella que fue beneficiada con ese enriquecimiento y que junto al dictador asaltaron las arcas fiscales y se enriquecieron de manera ilícita y de manera grosera, como todos los dictadores del continente. Es curioso que sea por el tema de las cuentas en el banco Riggs, y no se sindique al dictador como el responsable y partícipe de los crímenes de lesa humanidad de los que es responsable. Tiene que ver con esta lógica finalmente que son hechos importantes pero incompletos, siempre queda un sector de las investigaciones donde hay este beneficio de la impunidad".
Con respecto a lo que sigue, el abogado mencionó que "ahora viene un proceso en que tenemos que incorporarnos a la acusación, también el fisco y después se les notifica a los acusados para que se defiendan y después se dicta sentencia, que espero que sea condenatoria, aunque es posible que los condenen con beneficios carcelarios de remisión de la pena y la cumplan en libertad, porque estos delitos económicos tienen baja pena en general, pero de todas maneras el culpable principal murió", concluyó el jurista.
En tanto que Lorena Pizarro expuso que "yo no sé cuál es la penalidad en casos así, pero sin duda que la experiencia dice que en todas las causas de derechos humanos apunta a la impunidad de los genocidas y no a encontrar responsables civiles y uniformados y por sobre todo dictar penas que sean efectivas, por eso digo que siempre las satisfacciones son relativas, porque finalmente siempre nos enfrentamos a situaciones que terminan en injusticia".

viernes, 25 de julio de 2014

A LA CARCEL CIRCULO DE HIERRO

Cambio21 | Más que noticias
Santiago, 25 de julio de 2014 | Hora: 11:27:18

Procesan a 3 generales y 3 coroneles que ayudaron a Pinochet a malversar fondos públicos por 27 millones de dólares

24/07/2014 |
En la investigación también estuvo procesada la viuda y los cinco hijos de Pinochet, que finalmente fueron dejados fuera del caso por el mismo juez Valderrama, en agosto de 2013.
La justicia acusó a tres generales e a igual número de coroneles por el delito de malversación de fondos públicos, por ayudar a Augusto Pinochet a amasar una fortuna secreta estimada en unos 27 millones de dólares.

El juez del caso, Manuel Antonio Valderrama, acusó a los seis oficiales retirados de malversar fondos públicos por un monto de 6,5 millones de dólares. De ser encontrados culpables arriesgan penas de prisión que pueden elevarse hasta cinco años. Sin embargo, como no tienen otra condena, en la hipótesis de ser condenados, lo más probable es que no pondrían un pie en la cárcel.

La acusación señala que los acusados desviaron el dinero del objetivo al que estaban destinados, en este caso, no se usaron en asuntos administrativos, sino que fueron a dar a cuentas que el ex dictador tenía en el extranjero.

Los acusados son los generales jubilados Jorge Ballerino, Sergio Moreno y Ramón Castro, y los coroneles Juan MacLean, Eugenio Castillo y Gabriel Vergara. Castro también compró tierras que luego traspasó a su jefe: Pinochet.
Castro fue secretario general del Ejército, mientras Ballerino fue jefe de la llamada Casa Militar, que funcionaba en el palacio de gobierno.
En una declaración Pinochet juró que los dineros detectados en sus cuentas secretas provenían de los ahorros de toda su vida, y un cálculo de especialistas determinó que aunque el ex dictador hubiera ahorrado todos sus ingresos como militar y después como jefe de Estado no hubiera alcanzado a reunir la suma escondida, cuyo origen aún no se descubre del todo, aunque una parte proviene de fondos públicos, según las investigaciones judiciales.
En la investigación también estuvo procesada la viuda y los cinco hijos de Pinochet, que finalmente fueron dejados fuera del caso por el mismo juez Valderrama, en agosto de 2013.
Pinochet, que murió en diciembre de 2006, se libró de este caso de corrupción y otros dos casos por falsificación de pasaportes y violaciones a los derechos humanos.
El caso ha pasado por las manos de tres jueces y se prolonga por diez años, desde que una comisión senatorial estadounidense descubrió una maraña de cuentas secretas del ex dictador en el Banco Riggs, en Estados Unidos.
CIRCULO DE HIERRO A LA CARCELEl Riggs debió pagaren 2005 una multa de entre 16 y 18 millones de dólares por lavado de dinero, producto de las intrincadas cuentas de Pinochet, algunas de las cuales estaban a su nombre, otras a alias suyos y algunas a depósitos en los que se utilizaron su segundo nombre y su segundo apellido.

jueves, 10 de julio de 2014

SORPRENDENTE FALLO A FAVOR DE HOMBRE DE PINOCHET

Libre de “polvo y paja”, la cadena que permitió que el albacea de Pinochet quedara libre

10/07/2014 | Por Equipo Cambio21
El abogado Oscar Custodio Aitken manejó los dineros del dictador, los mismos que fueron cuestionados cuando estalló el Caso Riggs. Su trabajo de supuesto lavado de dinero fue invertido en bienes raíces en distintos sectores de Chile.

Por decisión unánime, y que no puede pasar inadvertidamente, la Corte de Apelaciones de Santiago, ratificó la absolución dictada a favor de Óscar Aitken Lavanchy, nombre que quizás no le traiga recuerdo alguno, al menos que rememore que se trata del albacea del dictador Augusto Pinochet, quien manejó sus dineros.

Los ministros de la 11ª Sala del Tribunal de Alzada capitalino ratificaron el fallo dictado por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que el 15 de enero pasado absolvió a Aitken, acusado de supuesta presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas, durante 2002 y 2005

El abogado fue el responsable de manejar los dineros que el dictador uso para engordar sus cuentas y de sus familiares directos, y que quedaron al descubierto en el bullado caso de las Cuentas del Banco Riggs.

Esos dineros, en primera instancia, fueron fiscalizados, al considerar que su procedencia era impropia y, por decir menos, curiosa. Fue gracias a las acciones de Oscar Custodio Aitken, que se logró ingresar los cuestionados dineros para poder ser invertidos en el territorio nacional, sobre todo en bienes raíces.

Todos dineros libres de impuestos, misma razón que a Aitken se le acusó del no pago de tributos por 750 mil dólares que recibió hasta 2004 como albacea de Pinochet, una vez descubiertas las cuentas secretas del dictador en el Banco Riggs.

Por lo menos, lamentable

Para el diputado miembro de la comisión de Justicia de la Cámara, Guillermo Ceroni (PPD), la situación es lamentable, aunque no cuestionable, al ser una tomada por una Corte, aunque sí dijo que "tuvo que haber rendido cuentas de los dineros de forma clara y tuvo que haber sido sancionado en esa medida".

"Es realmente muy lamentable, porque, naturalmente, lo que uno menos piensa es que tuvo que haber sido sancionado, condenado, porque al manejar la fortuna de Pinochet, no cabe duda que no es mayormente lícita, sobre todo con lo que significó que él tuviera acceso a dineros que deberían haber sido investigados más energéticamente", agregó el parlamentario en entrevista con Cambio21.

A pesar de que la corte dejó libre de "polvo y paja" al albacea, el parlamentario dice que esperaba "una sanción ejemplificadora, porque si puede haber fraude, pero uno tiene que respetar lo que decidan los tribunales, porque uno se da cuenta que esos dineros tienen una procedencia bastante dudosa".

"Tuvo que haber rendido cuentas de los dineros de forma clara y tuvo que haber sido sancionado en esa medida", concluyó.

Óscar Custodio: El gran comisionista

Quien tiene mucho que decir es el periodista e investigador Benedicto Castillo, autor del libro "Pinochet: El gran comisionista", en que analizó el trabajo tributario del dictador y su albacea.

"Es sorprendente (el veredicto), porque el papel que jugó este hombre, como todos sabemos, consistió en cuidar y el necesario afán de poder multiplicar esas platas, implicaron ocultar las operaciones que hacían con el staff de abogados para cometer lo que resultó ser lavado de dinero, cuando ingresaron a Chile y comenzaron a ser convertidas en propiedades. Es sorprendente", dijo el autor.

Para Castillo, el sorprendente fallo tiene su génesis desde el comienzo de las indagaciones del Caso Riggs, en que las pericias judiciales dejaron mucho que desear

"El origen es el manejo negligente  que desde un comienzo el aparato interno de Impuestos Internos ha tenido en este asunto. Hay que recordar que cuando se producen las acciones, porque los familiares de Pinochet, los directos, fueron descubiertos con grandes sumas de dinero, se dejó caer Impuestos Internos, cometiendo errores de una ingenuidad propia de tal vez de un abogado practicante en su materia".

Cabe recordar que cuando estalló el caso Riggs, el Servicio de Impuestos Internos no presentó una querella, como se establece en este tipo de procesos. Este error, significó que los familiares beneficiados de los dineros dudosos de Pinochet no fueran encausados por evasión tributaria.

"Lo que pasó con Oscar Custodio, es lo mismo que pasó con los familiares de Pinochet, en que no se realizaron las acciones judiciales necesarias, y han ido zafando paulatinamente, por las fallas del sistema jurídico", cuestionó el periodista.

"La audacia que han tenido los defensores de estas personas, han multiplicado los beneficios, porque los defensores del erario nacional, como del Consejo de Defensa del Estado, han actuado deficientemente", finalizó.

Benedicto Castillo terminó la entrevista planteando las siguientes preguntas: ¿Porqué la justicia falló así y qué quedó dando bote para que estas personas quedasen libres?INCREIBLE:AHORA ES INOCENTE EL ALBACEA DEL DICTADOR

jueves, 27 de marzo de 2014

CASO RIGGS

Cambio21 | Más que noticias
Santiago, 27 de marzo de 2014 | Hora: 21:55:50




Indignación en parlamentarios por nuevo presidente del CDE que defendió a Pinochet: "Piñera no cumplió su compromiso con la democracia"















Conozca al nuevo presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, ex abogado de la familia Pinochet en el caso Riggs.Fue nombrado por Piñera a horas de dejar La Moneda. La presidenta Bachelet lo podría destituir
País 

Por Equipo Cambio21

Juan Ignacio Piña, (pro RN) ex subsecretario de Justicia y posterior ministro subrogante, fue designado por Piñera en las últimas horas de su gobierno. El abogado fue el mismo que defendió a los Pinochet en el caso Riggs, el enriquicimiento ilícito del dictador. La presidenta Bachelet lo podría destituir con la mayoria simple en el Senado
En una investigación exclusiva de Cambio21, muestro medio denunció el último amarre encándaloso que dejó el ex presidente Piñera antes de que dejara La Moneda. Se trata de Juan Ignacio Piña Rochefort, (40 años, abogado UC, post grado en universidad Opus Dei en Pamplona, España)  quien estuvo en la defensa de una de las causas más mediáticas en contra de la familia Pinochet.

El profesional, quien además fue subsecretario de Justicia entre enero y diciembre de 2013, también fue el abogado defensor del dictador y su familia en el Caso Riggs, cuando en 2004 Pinochet fue acusado de malversación de fondos públicos. El caso quedó al descubierto cuando el estadounidense Riggs Bank detectó movimientos sospechosos en sus cuentas. Lo que dio pie a descubrir cuentas secretas que la familia Pinochet había abierto en el extranjero desde 1994 con dineros que no pudo justificar. Se supone que venían de gastos reservados de la Presidencia (cuando fue jefe de Estado y cuando fue comandante en jefe del Ejército).

En ese controversial caso, fue el abogado Piña el que los salvó (a la familia) de cumplir condenas y logró que pudieran disfrutar las libertades de cualquier ciudadano. Es el mismo que hoy preside el Consejo de Defensa del Estado, el mismo cuya obligación es "defender y representar judicialmente los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado".

En un escueto comunicado el CDE informó que "El Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, nombró a los abogados Juan Ignacio Piña Rochefort y Juan Antonio Peribonio Poduje (ex Intendente) como consejeros del Consejo de Defensa del Estado. El texto continúa diciendo que "Juan Ignacio Piña ocupará el cargo de Presidente de la entidad, en remplazo de Sergio Urrejola Monckeberg, quien culminó su periodo el 4 de marzo de 2014".

"Piñera no cumplió su compromiso con la democracia"

Políticos y defensores de los Derechos Humanos reaccionaron ante la publicación de Cambio21, en que se denuncia la presidencia del CDE por el abogado defensor de la familia Pinochet.

El hecho, para el diputado Roberto León (DC), es "un error de Piñera". "No creo que haya querido enviarle un mensaje a la derecha dura, a la familia militar, después de las medidas correctas que tomó su minuto al cerrar Punta Peuco. La verdad, es que no sé que se le pudo pasar por la cabeza, cuesta entender que el presidente del CDE tenga el currículo que conocemos", dijo el parlamentario.

Por su parte para el abogado de DD.HH, Hiram Villagra, la designación es una clara muestra de que Piñera "no cumplió con su compromiso con la democracia", porque el abogado  Piña no sólo defendió a los Pinochet, su currículo es más abultado.

"Él (Juan Ignacio Piña) no sólo fue abogado de los Pinochet, también actuó como abogado de algunos miembros de la DINA. El aparato del Estado está dividido en los sectores genuinamente democráticos y los actores del pinochetismo", dijo el abogado, quien además es director de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).

"Tenemos claro que haremos ingobernable el Consejo de Defensa del Estado, porque no puede al mismo tiempo defender los derechos fundamentales de las personas y jugarse por el pinochetismo", aseveró Villagra.

El amarre: la pésima señal para el país

La designación resulta, por decir lo menos, rara. Para el diputado PPD Tucapel Jiménez, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sobre todo cuando recuerda que al defender a los Pinochet, lo hizo frente al Estado.

"Resulta extraña e indignante también que estos amarres hayan ocurrido en los últimos días de la administración, sobre todo cuando se trata de un personaje que defendió a Pinochet, más aún, si cuando lo defendía su contraparte fue el propio Estado, entonces una persona que actuó contra el Estado dirige el Consejo de Defensa del Estado. Al menos es incompatible y muy dudoso", opina el diputado.

"Son señales pésimas cuando antes de irte dejas "amarrado" en el cargo, no solamente en el consejo, sino en varios otros organismos públicos en que se hicieron amarres de última hora, la verdad es que son pésimas señales para el país, porque así como hoy la derecha intenta defender a los supuestos despedidos, nadie habla de los amarres, que esos sí fueron de carácter político", recordó el parlamentario.

Es por esta misma "pésima señal" que el diputado León pide una explicación a "Piñera o a quien haya recomendado el nombre en su minuto (...) Personalmente, no le encuentro ninguna".

"Creo que por este antecedentes él mismo debiera dar un paso al costado, por los antecedentes que ustedes mismos publicaron, porque sin duda debe evaluarlo", concluyó el parlamentario DC.



jueves, 6 de febrero de 2014

LABORATORIO DE GUERRA BACTEREOLÓGICO:

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Revelan que Pinochet tenía armas químicas “para matar a la mitad de Santiago”

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La ex directora del ISP Ingrid Heitmann confesó la destrucción, en 2008, dos cajas llenas de ampollas de toxina botulínica.
Esta operación se efectuó sin informar al Gobierno de la época, de Michelle Bachelet.
El dictador Augusto Pinochet dispuso de toxinas botulínicas capaces de eliminar a miles de personas dentro y fuera de Chile, reveló la ex directora del Instituto de Salud Pública (ISP) Ingrid Heitmann.
Los químicos, provenientes del Instituto Butantan de Sao Paulo, estuvieron en poder del régimen en la década de 1980, cuando éste enfrentaba precarias relaciones con Argentina, Perú y Bolivia, además de protestas sociales por la crisis económica.
Estas toxinas permanecieron en secreto por 27 años en un subterráneo del ISP al lado del Estadio Nacional, fueron descubiertos e incinerados en 2008, sin informar al Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) o la Justicia.
En una entrevista con el periodista Mauricio Weibel para la agencia DPA, Heitmann sostuvo que “eran dos cajas llenas de ampollas con toxina botulínica, suficientes para matar a la mitad de Santiago“, matizando su afirmación a continuación: “Se podía matar a muchísimos, pero no sé cuantos”.
Un adulto de 70 kilos de peso muere si es inyectado con sólo 0,15 picogramos de la toxina (cada picogramo equivale a apenas la billonésima parte de un gramo) y la toxina puede ser suministrada oralmente.
La botulina, que desde hace pocos años tiene usos cosméticos, es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinum que provoca parálisis muscular progresiva. Como arma de destrucción masiva, está prohibida por las Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas.
subirLas armas secretas de Pinochet
Investigaciones judiciales en curso ligadas al envenenamiento de presos políticos y a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei en 1982 detectaron los últimos años documentos que corroboraron el ingreso de las toxinas desde Brasil.
Hasta ahora, sin embargo, su destino era desconocido. En la entrevista con Weibel, Heitmann asegura que “la Policía de Investigaciones fue muchas veces al ISP, pero no las encontró” dado que “no revisaron nunca el subterráneo”.
La doctora, quien en los primeros años de la dictadura fue detenida y torturada dos veces por los equipos represivos, dijo haber quedado impactada cuando sus subalternos encontraron estas armas químicas. “Me espanté”, evocó.
“No pensé que pudieran ser importantes para un proceso judicial, no se sabía lo de Frei”, explicó ante la decisión de incinerarlas en silencio junto a todos los demás materiales, pese a que faltaban algunas ampollas en el par de cajas encontrado, lo que hacía presumir su uso contra opositores de la dictadura.
En diversos juicios por violaciones a los derechos humanos, se recogen testimonios y evidencias de que los equipos represivos utilizaron la toxina botulínica, el gas sarín y el talio.
El rol de Eugenio Berríos
Heitmann relata que un hombre clave en la producción y aplicación de estos venenos fue el químico y agente de la DINA Eugenio Berrios, sacado de Chile por militares en 1991, cuando el país ya había recuperado la democracia, pero Pinochet seguía al mando del Ejército.
Berrios, buscado esos años por la Justicia, apareció muerto en Uruguay en 1995, luego de estar bajo vigilancia y secuestro de militares de ese país, como acreditaron los tribunales chilenos.
“Efectivamente hay testimonios, entre los funcionarios más antiguos, de que Berríos se paseaba por el ISP como si fuera su casa“, confirmó la doctora Ingrid Heitmann a DPA.
La llegada de los químicos a Chile, según la investigación que encabeza el juez Alejandro Madrid por la muerte de Frei, fue gestionada ante las autoridades del ISP por el médico Eduardo Arriagada Rehren.
Arriagada -aún vivo- era entonces director del entonces secreto laboratorio de guerra bacteriológica del Ejército, ubicado en pleno centro de Santiago, según investigaciones judiciales.
Ingrid Heitmann, una microbióloga con estudios en Canadá y Chile, insistió en que las toxinas fueron encontradas bajo su mandato en el ISP por casualidad, cuando ella ordenó hacer una limpieza de los refrigeradores del subterráneo: ”Si no lo ordeno, seguirían allí”.
La doctora explicó en la entrevista que había otra gran cantidad de materiales bioquímicos en los refrigeradorse del subterráneo del ISP, “como sangre y bacterias, además de las toxinas botulínicas”.
A su juicio, la presencia de bacterias, como las de la difteria y el tétano, era entendible porque el ISP produjo vacunas contra esas enfermedades hasta 2002.
Heitmann, hoy dedicada a la docencia, añadió que Chile no poseía capacidad para producir la toxina botulínica y que ellas no tenían por qué estar almacenadas en el ISP, un laboratorio civil, de fines sanitarios.
Las toxinas botulínicas son armas químicas“, subrayó, coincidiendo en la  conjetura de que pudieron ser usadas en los crímenes de la Cárcel Pública y de Frei.
La dictadura del general Augusto Pinochet, bajo la cual 38.000 personas fueron torturadas, desaparecidas o ejecutadas, según los informes oficiales, utilizó diversas formas de exterminio, incluyendo asesinatos o intentos de homicidio en Buenos Aires, Roma y Washington, desplegando el uso de civiles, armas convencionales, bombas y químicos.
Sin embargo, hasta hoy era desconocido el destino de las armas químicas que relataban diversos testimonios y pruebas judiciales.

Frei reflota tema de uso de químicos en eliminación de opositores a la dictadura: “Entreguen la información, no más silencio”

Las revelaciones que hizo Ingrid Heitmann, quien aseguró haber encontrado y eliminado ampollas botulínicas en subterráneos del ISP, han traído de vuelta el fantasma de las armas químicas utilizadas por la dictadura para asesinar a enemigos del régimen. “Había laboratorios, había clínicas clandestinas donde se eliminaba a personas con estos productos”, aseguró el ex Mandatario, Eduardo Frei. El gas sarín, la “botulina”, el talio y el gas mostaza, son algunos de ellos.
“¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no se entregan los antecedentes? Ya nadie cree que haya gente en el Ejército y ex funcionarios que no sepan”, señaló este lunes, en entrevista con CNN Chile, el ex Presidente Eduardo Frei, a raíz de los nuevos antecedentes que surgieron con la revelación que hizo la ex directora del ISP, Ingrid Heitmann, que confesó haber descubierto, en el subterráneo del organismo, dos cajas de ampollas de toxinas botulínicas que luego hizo desaparecer.
Este tipo de químico, también conocido como “botulina”, es una neurotoxina que produce intoxicación o envenenamiento a través de alteraciones vegetativas y parálisis muscular progresiva, llegando a causar la muerte al atacar las funciones respiratorias.
“Había laboratorios, había clínicas clandestinas donde se eliminaba a personas con estos productos. Eso no se sabe todavía”, aseguró el ex Mandatario, hijo del ex Presidente,Eduardo Frei Montalva, sobre cuya muerte se cierne el fantasma de un homicidio por envenenamiento, en plena dictadura militar. Tras ser exhumados, en 2006, en sus restos se encontraron huellas de talio y mostaza nitrogenada.
“Por favor, entreguen la información. No más silencio. Es lo que pedimos, que se aclaren las cosas. Todo esto y gran parte de los antecedentes están en los procesos del ministro (Alejandro) Madrid (quien investigó el caso de Frei Montalva y otros crímenes en  la dictadura). Desgraciadamente la directora quemó esto, en circunstancias que habían ido varias veces la PDI a encontrar estas pruebas. Pero estamos por llegar a los 40 años del golpe y ya es hora de que se conozca la verdad”, aseguró Frei. Sin embargo, dijo que no creía que los responsables de este tipo de prácticas se encuentren aún al interior de las Fuerzas Armadas.
Consultado por si los antecedentes entregados por  Heitmann debería motivar el inicio de una investigación judicial, el senador demócrata cristiano señaló que “posiblemente” y que ojalá el tema lo pudiera tomar el ministro Madrid para que “pudiera ser un aporte a este caso y a tantos otros casos de gente que fue eliminada con estos productos”.

LAS ARMAS SECRETAS DE LA DICTADURA

Actualmente existen investigaciones judiciales que abordan el tema de los envenenamientos de presos políticos en la dictadura, incluida la muerte del ex Presidente Eduardo Frei. En los últimos años, surgieron antecedentes que revelaron que algunas de estas toxinas utilizadas habrían ingresado desde Brasil.
La propia Heitmann aseguró que al momento de encontrar las cajas de “botulina” en los subterráneos de las oficinas del ISP, pudo notar que faltaban algunas de las ampollas, lo que hace presumir que se pueden haber usado contra opositores de la dictadura militar.
Los registros de envenenamientos se remontan a comienzos de la década del ’80. El 7 de diciembre de 1981, varios miristas presos en la Cárcel Pública, se envenenaron misteriosamente con botulismo (la enfermedad producida por la bacteria que contiene la “botulina2). Sin embargo, lograron sobrevivir gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos y la ayuda internacional que envío los antídotos. Otros reos comunes que compartían la celda no tuvieron la misma suerte.
Según el libro “Magnicidio”, escrito por el periodista Benedicto Castillo, el bioquímico Eugenio Berríos -quien se desempeñaba como agente de la DINA y estaba a cargo de elaborar armas químicas para la entidad- solía entregar en pleno centro de Santiago paquetes del mortal veneno a agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). “El tema de la toxina botulínica, que puede matar a miles de personas con ínfimas dosis, no es nuevo, aparece mencionada en varios casos de crímenes de la dictadura, pero no se sabía que había ampollas escondidas en el Instituto de Salud Pública”, señaló el periodista al diario LaNación.cl, tras darse a conocer la información entregada por Heitmann.
Castillo asegura que a partir de los años 80, Berríos tenía acceso libre a los laboratorios del ISP -que entonces se llama Instituto Bacteriológico- para realizar pruebas. Uno de los desconocidos que lo acompañaba era Michael Townley, afirma.
Asimismo, el periodista asegura que “Está comprobado científicamente que dos presos políticos murieron envenenados con esta sustancia y otros tres resultaron heridos en 1981, poco antes de la muerte de Frei. Les echaron la toxina en la comida”.
Hay antecedentes que indican que podría haber sido el propio Berríos quien usaba estas pócimas creadas en los laboratorios para deshacerse de los enemigos de la dictadura, y que podría haber hecho lo mismo en el caso de Frei Montalva,  ingresando al centro médico donde se encontraba hospitalizado el ex Presidente. El ex agente de la Brigada Político Sindical de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez, reveló al juez Madrid cómo actuaba el químico de la DINA, quien le contó cómo había envenenado al ex diplomático español Carmelo Soria, al ex conservador de Bienes Raíces Renato León –ambos con gas Sarín a mediados de los 70- y a los miristas detenidos en la ex Cárcel Pública.
Las investigaciones habrían revelado también que el Ejército mantenía un Laboratorio de Guerra Bacteriológica cuya sede clandestina estaba ubicada en la ex Vicaría Castrense de calle Carmen 339. Según constata el libro Crimen Imperfecto, del periodista Jorge Molina, la toxina botulínica habría sido traída a Chile por el propio ISP, por orden del doctor Eduardo Arriagada Rehren, director del mencionado laboratorio.
Esta última fue trabajada gracias a un liofilizador que fue sacado el ISP para estos efectos, instrumento que permite transformar en polvo a través de un alto vacío, como el caso de las sopas en polvo.

OTRA ARMA MORTAL: EL GAS SARÍN

El gas sarín es un líquido incoloro e inoloro clasificado como arma de destrucción masiva en la resolución 687 de la ONU. De hecho, los recientes ataques químicos que han dejado bajas de alrededor de 1.300 muertos en Siria se habrían perpetrado con este componente.
Este y otros venenos se fabricaban, en épocas de la dictadura de Pinochet, en la calle de Vía Naranja, en Lo Curro, cuartel de la DINA donde se planeó el atentado al ex canciller de la UP, Orlando Letelier. De hecho, el Sarín fue una de las alternativas que se barajaron para asesinarlo, aunque finalmente se prefirió la bomba que explotó en septiembre de 1976 en Washington.
El sarín fue utilizado en animales, pero también se usó para para asesinar a los presos políticos Peldehue, según declaraciones que recopiló, durante su investigación, el ministro Madrid en abril de 2003.

CASO RIGGS

Cierran caso Riggs sin resolver culpables en tráfico de drogas que llenó arcas de familia Pinochet

Luego de nueve años de investigación, el ministro en , Manuel Valderrama, decidió cerrar el caso que indagaba el origen de la fortuna y las cuentas corrientes secretas del general Augusto Pinochet Ugarte, sin procesar a ninguno de sus .

El caso Riggs, que pretendía determinar cómo el dictador y comandante en jefe del Ejército obtuvo 21 millones 320 mil 110 dólares, quedó sólo con en retiro de la institución en calidad de reos por el delito de malversación de caudales públicos, según informó este lunes el portal Terra.

Entre los procesados se encuentran, únicamente, los generales (R) Jorge Ballerino y Ramón Castro, quienes abrieron la primera cuenta secreta del ex jefe de Estado con identidades falsas, al igual que el general (R) Sergio Saravia, y los coroneles (R) Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan MacLean, como los secretarios privados de Pinochet que gestionaron la transferencia y el ocultamiento de los fondos.

La arista “Drogas” del caso Riggs, sin embargo, fue hábilmente ignorada por la justicia chilena, quedando sus involucrados en la impunidad.

El 14 de octubre de 2005, un grupo a cargo del subcomisario Patricio Bascuñán Acevedo, e integrado por el inspector René Sagardia Poblete y el subinspector Axel Muñoz Chartier, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregaron sobre este punto una informativa “minuta” al ministro de fuero– la cual fue incorporada a fojas 139.933.

Las indagaciones, dice textualmente el punto 2, estaban dirigidas a dilucidar las “eventuales vinculaciones que hayan tenido en el ámbito del narcotráfico y las posibles desviaciones de precursores químicos, entre otros, ya que existe la posibilidad que debido a estos actos ilícitos, hayan sido el origen de los dineros que se encuentran en las cuentas del Banco Riggs”.

Los tópicos mencionados en la minuta, según el periodista Benedicto Castillo, incluían: una investigación al Complejo Químico Industrial del Ejército, referente a la producción y comercialización de éter (precursor químico de la cocaína); los antecedentes relacionados con el empresario de la chatarra, Edgardo Bathich Villarroel, y sus vinculaciones con la familia Pinochet; los antecedentes relacionados al ciudadano norteamericano Ivan Baramdyka (alias “Trinidad Moreno”), sus conexiones con narcos chilenos y colombianos entre 1985 y 1993, al igual que sus contactos con el gobierno de la época; y los antecedentes solicitados a la Cancillería chilena, respecto a la calidad de funcionarios diplomáticos de los hermanos Augusto y Marco Antonio Pinochet en el Consulado de Chile en Los Ángeles, entre 1980 y 1990.

Los detectives de la PDI tomaron conocimiento de los 28 tomos del juicio que sustanció el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel en contra de la empresa “Focus Chile Motores S.A.” por los delitos de defraudación al Fisco. Sus propietarios eran Edgardo Bathich, Alex Jacob Neder (hijo del general de la Fuerza Aérea y ex embajador de Pinochet, Elías Jacob Helo) y el chileno Héctor Novoa Vásquez (hermano de Jovino Novoa, senador de la UDI y ex subsecretario de Pinochet), quienes figuraban como socios de Marco Antonio Pinochet y del narcotraficante colombiano Jesús Ochoa Galvis, supuesto primo de la familia Ochoa Vásquez ligada al Cartel de Medellín.

Con la llegada de Patricio Aylwin a La Moneda, según explica el periodista Juan Gasparín, el general Horacio Toro – director de Investigaciones – recibió un acabado informe sobre los movimientos de Ochoa Galvis en el país. La información señalaba que el colombiano, técnico de laboratorio de profesión, alquilaba una casa en Providencia y usaba un flamante BMW731 matriculado a nombre de Tircal Holding S.A., sociedad panameña cuyo domicilio en Chile era Teatinos 248, décimo piso.

En las mismas dependencias de Teatinos funcionaba el estudio de abogados Eluchans & Cia. Entre sus socios figuraba nuevamente el jurista Héctor Novoa Vásquez y, como cabecilla del bufete, el ahora presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Edmundo Eluchans Urenda (UDI) – objeto de las críticas en un reciente reportaje de “Contacto” del periodista Juan Francisco Riumalló, por omitir más de 10 sociedades en su declaración de intereses y patrimonio.